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Representante de AP Talca expuso sobre la educación en las cárceles de Chile en III Congreso de la SoChiCrim

La encargada de vinculación con el medio de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública, campus Talca, Andrea Riquelme Miño, viajó a Iquique del 26 al 28 de julio para representar a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca en el III Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología (SoChiCrim), el cual abordó “Miradas, experiencias y evidencias desde el Sur Global” respecto a criminología y gestión de seguridad ciudadana.

El evento académico fue organizado por la Universidad Arturo Prat, la Universidad de Tarapacá, SoChiCrim y contó con el apoyo de la Oficina Institucional de Iniciativas Territoriales (OFIIT), gestión que convocó a profesionales nacionales y de países como España, México, Argentina, Brasil, entre otros.

En esta oportunidad, Andrea realizó una presentación titulada: ”Educar tras las rejas: los desafíos del Estado para garantizar el derecho a la educación en las cárceles de Chile», en donde hizo un análisis normativo de la política educativa para personas privadas de libertad, evidenciando que la Educación para Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) no distingue entre quienes se encuentran privados de libertad y aquellos que estudian en el medio libre, pese a que ambos escenarios no son homologables.

Detalló que “Los resultados muestran que la educación en cárcel posee menor oferta educativa, promedios más bajos y mayor repitencia respecto al exterior, lo que demuestra la existencia de complejidad y hostilidad en el contexto carcelario para la educación”.

Por ello, dentro de sus conclusiones “se proponen cursos de acción para que el Estado pueda efectivamente garantizar el derecho a la educación en contextos de encierro y así contribuir al proceso de resocialización y reeducación de las personas privadas de libertad”.

Sobre la experiencia, destacó que durante el congreso «se abordaron temas que tienen que ver con la prevención del delito, las políticas públicas que puedan fomentar la educación, el empleo, la inclusión social y el apoyo a comunidades más vulnerables para hacer frente a la prevención situacional del delito”. Agregó además que se abordaron temas más actuales como “uso de tecnología y ciberdelincuencia”.

Cabe señalar que durante esta instancia estuvieron presentes abogados, sociólogos, trabajadores sociales, administradores públicos, psicólogos, entre otros profesionales, de universidades tanto internacionales, como nacionales.