Noticias

Osvaldo Henríquez, académico de la Escuela de Administración Pública Campus Talca, explicó cómo funcionaría la descentralización que se debate en la Convención Constitucional

El profesor Osvaldo Henríquez, docente de la Escuela de Administración Pública Campus Talca, dijo que dentro de los últimos años se ha ido avanzando en materias de descentralización, proceso que por estos días se ha abordado como uno de los temas centrales en la nueva Constitución.
El experto señaló que “se trata de un modelo de regionalización que ya ha sido probado con éxito en otros países; que logra una efectiva distribución del poder civil a lo largo del territorio nacional y que no es disruptivo con la organización actual del Estado”, sostuvo el especialista en este tipo de políticas públicas.
A juicio del académico, la descentralización es una de las alternativas para distribuir el poder público y los ingresos, a través de una reorganización de la administración territorial del Estado y en este sentido, precisó que, “existen tres elementos a tratar cuando se avanza hacia la descentralización de un país. Estos son: la mejor adecuación de la acción estatal a las necesidades locales; el acercar el Estado al ciudadano, permitiendo que participe en la administración de sus comunidades y, por otra parte, promover una distribución más justa de la renta nacional o de las condiciones de vida”, dijo Osvaldo Henríquez.
Del mismo modo, el profesor Osvaldo Henríquez dijo que “el Estado Regional propuesto es un modelo unitario bastante descentralizado, que se caracteriza por la autonomía regional y que se implementa como forma de reconocer las diferencias territoriales y las complejidades de la administración actual. Es un modelo que se inspira en países como España, Italia o Bolivia, donde funciona sin mayores dificultades”, afirmó el experto.

Avances en la Convención Constituyente

Según argumenta Osvaldo Henríquez, la Convención se propuso avanzar a un nivel de descentralización cercano al 70%. Definiendo la región como una entidad territorial, con la existencia de un gobierno regional como corporación pública, una estructura de administración basada en ministerios y servicios regionales; la Asamblea Legislativa Regional con competencias deliberativas y legislativas, y un sistema financiero regional.
No obstante, este concepto ha ido decantando con el paso de la discusión, según indicó el académico. “Al principio el análisis era más teórico, pero luego las Asambleas Legislativas Regionales se fueron pareciendo al Consejo Regional actual, y los servicios públicos y ministerios regionales, que se iban a crear desde cero, se fueron pareciendo más a las actuales Secretarías Regionales Ministeriales y servicios públicos existentes”, afirmó.
En este sentido, el académico dijo que “la nueva Constitución establecerá la región autónoma como una entidad territorial no originaria ni soberana, y que se constituye al amparo de la Carta Fundamental, bajo el principio de autonomía financiera y la impronta plurinacional e intercultural”.

Descentralización en proceso

Según explicó Osvaldo Henríquez, los avances en materia de descentralización se han venido generando desde hace algunos años atrás, en un Estado que ha ido avanzando dentro de un modelo unitario con autoridades electas por la ciudadanía. En este sentido, el académico dijo que “la importancia de esto, es que los que administran el sistema público regional, sean aquellos representantes de los territorios y no del nivel central, y que las instituciones dispongan de los recursos necesarios para proyectos de desarrollo regional. Actualmente, Chile ya no se puede considerar un Estado centralizado, verticalista y jerárquico, en lo absoluto, pues esa concepción ha cambiado”, afirmó.
Asimismo, el experto dijo que “uno de los mayores cambios en un modelo descentralizado es el reemplazo del principio de simetría institucional. Un país descentralizado se caracteriza por una mayor autonomía financiera, administrativa y política, donde las regiones puedan generar ordenanzas de aplicación general, que permitan reglamentar, a través de la facultad deliberativa del Consejo Regional (CORE)”, finalizó el experto.